SEDE DE LA CORTE INTERNACIONAL
Se
creía imposible que la Corte Penal Internacional (CPI) iniciara acciones contra
personalidades sirias desde que Rusia y China vetaron un proyecto de
resolución en ese sentido en el seno del Consejo de Seguridad. Pero una
argucia jurídica parece hacer posible burlar la decisión adoptada en el
Consejo de Seguridad. La CPI espera condenar al presidente sirio Bachar
al-Assad acusándolo de «crimen contra la humanidad».
La
Corte Penal Internacional (CPI) fue creada por la Conferencia de Roma,
convocada por la ONU en 1988. Por supuesto, el objetivo
no era crear un supra-tribunal para juzgar gente en nombre de
la humanidad reemplazando a los Estados de la ONU sino disponer
de una herramienta que permitiera juzgar criminales después de una guerra,
cuando las instituciones de los países interesados se hallan debilitadas o han
sido destruidas por el conflicto.
Los
estatutos de la CPI subrayan por eso que para poder hacerse cargo de un
caso esa instancia de justicia internacional tienen que contar con el consentimiento
de la justicia local. Pero esos estatutos también prevén que la CPI
puede juzgar un crimen cometido por un ciudadano de
un país que no sea miembro de la CPI, en un país miembro de la
CPI y en lugar de ese país; así como todo crimen cometido
por cualquier persona, en cualquier lugar, cuando el Consejo de Seguridad
de la ONU le presenta el caso.
En
ambos casos, el Estatuto de Roma, elaborado en el seno de la ONU y firmado
por algunos Estados, puede aplicarse a todos los Estados, incluso a los
Estados no comprometidos con la CPI.
Es por
esa razón que las 3 principales potencias mundiales –China,
Estados Unidos y Rusia– se niegan a ratificar el Estatuto de
creación de la CPI. Lo ven –con toda razón– como una violación del
principio de soberanía, formulado en el siglo XVIII por el jurista Emer de
Vattel y consagrado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados en 1969 [1].
En
septiembre de 2018, la CPI declaró poder hacerse de una denuncia contra las
autoridades de Myanmar, aunque ese país no es firmante del Estatuto
de Roma, alegando que esas autoridades habían cometido atrocidades que
provocaron el éxodo de los rohinyas. La CPI estima que tiene competencia
sobre el asunto porque las víctimas huyeron a Bangladesh, país que sí es
firmante del Estatuto de Roma [2].
Siguiendo
ese esquema, una familia de miembros de la Hermandad Musulmana acaba de
presentar una denuncia contra el presidente Bachar al-Assad y varios
responsables sirios, a pesar de que la República Árabe Siria no es
firmante del Estatuto de Roma. La familia en cuestión afirma haber
sido testigo de diversas atrocidades y haberse visto obligada a huir
a Jordania. Lógicamente, la CPI debería declararse competente ya que
Jordania es firmante del Estatuto de Roma, pero, al mismo tiempo,
la CPI tendría que pasar por alto el hecho que la Hermandad
Musulmana es la matriz del terrorismo islámico y que está clasificada como
organización terrorista en numerosos países, incluyendo países miembros de la
propia CPI.
También
está el hecho que, el 22 de mayo de 2014, cuando las potencias
occidentales y sus aliados del Golfo Arábigo-Pérsico intentaron que el Consejo
de Seguridad de la ONU solicitara que la CPI se ocupara de
los acontecimientos en Siria, China y Rusia vetaron el proyecto en
ese sentido [3].
El
hecho es que la CPI está adquiriendo una autonomía.
Ya no se plantea sólo ayudar los Estados a hacer justicia
sino que se autoproclama defensora de la humanidad frente a
los Estados.
Es
necesario que se entienda bien lo que está sucediendo. Durante los
últimos años, la CPI ha sido financiado principalmente por la Unión
Europea y ha redactado por sí misma su propio Código.
Hasta 2016, sólo juzgó acusados africanos, siguiendo sus propias leyes, y
los condenó a todos [4]. Burundi decidió
retirarse del Estatuto de Roma, después de una votación en ese sentido en
su parlamento, señalando que la CPI se ha convertido en «un
instrumento de presión contra los gobiernos de los países pobres o un medio de
desestabilizarlos en manos de las grandes potencias». Otros
3 Estados –Gambia, Filipinas y Sudáfrica– siguieron el ejemplo de
Burundi. Pero Sudáfrica y Gambia cambiaron de opinión después de la nominación
de la nueva fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, de Gambia.
No por
eso deja de ser cierto que, hasta el momento de la nominación de Fatou
Bensouda, la CPI no ofrecía ninguna de las garantías que
se esperan de una instancia penal imparcial.
Por
ejemplo, en el momento de la agresión contra Libia desatada por la OTAN
–agresión violatoria del mandato extendido por el Consejo de Seguridad de
la ONU–, las «pruebas» que el fiscal general de la CPI,
el argentino Luis Moreno Ocampo, había reunido para inculpar al líder libio
Muammar el-Kadhafi, a su hijo Saif al-Islam Kadhafi y a su yerno Abdala
al-Senoussi, eran sólo recortes de periódicos publicados en los países que
participaban en la agresión. Peor aún, cuando la OTAN bombardeó
Trípoli, el fiscal Moreno Ocampo declaró que Saif al-Islam había sido
arrestado por los occidentales y que él estaba organizando
su traslado a La Haya. Aquello era una mentira descarada destinada a
desmoralizar a los libios para que no opusieran resistencia a la
agresión de la OTAN. En realidad, Saif al-Islam estaba a salvo
en el refugio subterráneo del hotel Rixos, donde yo mismo
me encontraba.
Ese
mismo fiscal general, Luis Moreno Ocampo, violó a una periodista en
su oficina de la sede de la CPI y si escapó a la justicia fue porque
gozaba de inmunidad como fiscal internacional [5]. Era además un
corrupto que cobró sobornos por acusar a personalidades para sacarlas del
camino [6]. Las cuentas
bancarias secretas del fiscal Moreno Ocampo salieron a la luz
posteriormente durante la realización de investigaciones periodísticas
en Panamá y en Islas Vírgenes [7]. A pesar de
todo lo anterior, la “justicia” nunca se ha interesado por
el caso de Luis Moreno Ocampo.
Aunque
su sucesora, Fatou Bensouda, es más presentable, la estructura de
la CPI sigue siendo la misma. Los magistrados que
la componen están tan conscientes de eso que el 15 de enero
de 2019 se rebelaron y absolvieron a Laurent Gbagbo y a Charles Blé
Goudé, dos acusados cuyos supuestos «crímenes contra la humanidad»
habían servido para justificar el «cambio de régimen» impuesto
por Francia en Costa de Marfil. Es la primera vez que
la CPI se aparta del papel que los europeos le han asignado.
El 29
de julio de 2015, las potencias occidentales trataron de imponer en el Consejo
de Seguridad una resolución que quitaba a la justicia ucraniana el caso del
derribo del vuelo MH17 y lo transfería a la CPI.
El objetivo era preparar una acusación contra el presidente ruso
Vladimir Putin, aunque Rusia no es firmante del Estatuto de Roma.
Lo importante no era aclarar quién derribó aquel avión sino utilizar
la justicia penal internacional con fines políticos. Rusia veto aquel proyecto
de resolución occidental.
Ahora
es el presidente sirio Bachar al-Assad quien sería juzgado por la CPI,
así como otros responsables sirios cuyos nombres todavía no se han
dado a conocer.
No es
la primera vez que el presidente sirio es blanco de ese tipo de maniobra.
En 2005 fue acusado de haber ordenado el asesinato del ex primer
ministro libanés Rafic Hariri, supuestamente con la complicidad del presidente
libanés Emile Lahoud. Se abrió entonces una investigación, realizada por
un equipo germano-israelí [8]. Luego
se creó un falso tribunal, por iniciativa del entonces embajador de
Estados Unidos en Beirut, Jeffrey Feltman. El secretario
general llegó a firmar –con la aprobación del Consejo de Seguridad– un
tratado con el nuevo primer ministro libanés, documento que este último
firmó sin haber sido autorizado por el gobierno ni el parlamento libaneses.
En
aquella época, las potencias occidentales habían llegado a convencerse de la
culpabilidad de Assad. Pero al cabo de un año de acusaciones
cada vez más fuertes, el fiscal Detlev Mehlis –a cargo de la
investigación– dimitía en medio de un gravísimo escándalo:
los testigos que sustentaban sus acusaciones eran impostores
a sueldo de sus aliados occidentales. Hoy en día, el Tribunal
Especial para el Líbano prosigue su trabajo sucio, acusando ahora al Hezbollah,
precisamente la organización que rebeló las grabaciones de un drone israelí
que sobrevolaba el lugar del crimen. El Tribunal Especial para el Líbano
también se obstina aún en defender la tesis según la cual Rafic
Hariri fue asesinado con el uso de un coche-bomba, a pesar de que los
datos medico legales recogidos son categóricos: es imposible [9]. Con tal de
defender esa teoría, el Tribunal Especial para el Líbano gastó millones
en la reconstrucción del crimen… inútilmente, así que ahora trabaja sobre
una tesis de la cual todo el mundo sabe que es falsa.
La República
Árabe Siria ha luchado durante 8 años para preservar su soberanía y
no es probable que sus dirigentes vayan a La Haya. Pero sí puede
cuestionar legalmente la validez del proceso.
Basta
con precisar que su iniciador es el abogado británico de los demandantes,
Rodney Dixon, quien también sirve de abogado a Qatar en contra de Arabia
Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos. Este letrado británico, conocido por
servir también de abogado a Qatar contra Arabia Saudita y Emiratos Árabes
Unidos, tiene una larga experiencia con la «justicia internacial»
ya que fue consejero de la canadiense Louise Arbour, la fiscal general
del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y del que
se creó para Ruanda, dos entidades que fracasaron en aclarar los crímenes
de los que debían ocuparse.
Rodney
Dixon ya anunció su intención de acusar a los dirigentes sirios de «crímenes
contra la humanidad» basándose en el Informe César [10], documento
divulgado por Qatar, a través del gabinete londinense Carter-Ruck, el 20
de enero de 2014, justo 2 días antes del inicio de las negociaciones
para la paz en Siria, denominadas Ginebra 2.
El Informe
César contiene 55 000 fotografías de personas torturadas,
imágenes supuestamente tomadas por un fotógrafo del Ejército Árabe Sirio.
Según los acusadores serían fotos de víctimas del «régimen». Pero,
según el gobierno sirio, son fotos de víctimas de los yihadistas. Ese
“informe” fue autentificado en contra de Siria por 3 fiscales
internacionales que arrastran un historial muy sucio ya que trabajaron en
la Corte Especial para Sierra Leona y el Tribunal Penal para la ex
Yugoslavia.
Esos
personajes son:
- Sir
Desmond Lorenz de Silva, autor –por encargo de un primer ministro británico– de
un informe sobre la muerte de un abogado irlandés. Su informe, que
la familia de la víctima calificó de «vergüenza», reconocía la
responsabilidad de las autoridades pero escamoteaba las pruebas contra la
Corona británica.
- Sir Geoffrey Nice, quien procesó durante 2 años a Slobodan Milosevic sin lograr aportar prueba alguna sobre los crímenes contra la humanidad que imputaba al dirigente yugoslavo. El proceso fue cerrado debido al fallecimiento de Milosevic. Rusia denunció que Milosevic fue asesinado en su celda del tribunal penal, en La Haya.
- David M. Crane, un ex responsable de la CIA y de
la DIA [ 11]. Desde el inicio
de la guerra contra Siria, David M. Crane dirige un programa enfocado a
lograr que Bachar al-Assad sea procesado en cualquier corte especial
internacional y por cualquier cosa.
- Sir Geoffrey Nice, quien procesó durante 2 años a Slobodan Milosevic sin lograr aportar prueba alguna sobre los crímenes contra la humanidad que imputaba al dirigente yugoslavo. El proceso fue cerrado debido al fallecimiento de Milosevic. Rusia denunció que Milosevic fue asesinado en su celda del tribunal penal, en La Haya.
En
septiembre de 2012 –aplicando una idea del embajador estadounidense Jeffrey
Feltman, convertido entonces en asistente de la secretaria de Estado Hillary
Clinton–, el Departamento de Estado creó una asociación llamada Syria Justice
and Accountability Centre (SJAC), encargada de recolectar pruebas de los
crímenes del gobierno sirio. El Departamento de Estado financiaba esa
asociación con 5 millones de dólares anuales y los países del grupo
llamado «Amigos de Siria» le aportaban más dinero. Dos años
después de su creación, Washington renunció a aquella herramienta.
Sin embargo, al ser nombrado director del Asuntos Políticos en
la ONU, Jeffrey Feltman revivió el SJAC, pero con fondos europeos.
Hoy
por hoy, no existe ningún tipo de control sobre la CPI, ni siquiera
a pesar de que esa instancia ha tenido un criminal corrupto como fiscal
general. Esa “Corte” está exclusivamente al servicio de quien
le paga: la Unión Europea.
En el
pasado, la guerra se consideraba una manera de conquistar o de defenderse. Hoy
fingimos creer que es un acto ilegal per se, incluso cuando
se trata de legítima defensa. Y quien decide hacer la guerra prefiere
no declararla sino inventar, a posteriori, pruebas
de que tuvo que cometer el acto ilegal que es la guerra porque tenía que
defender el Bien. Es lo que los vencedores siempre tratan de
hacernos creer.
[1] Defending
the Society of States – Why America Opposes the International Criminal Court
and its Vision of World Society, Jason Ralph, Oxford University
Press, Estados Unidos (2007).
[3] A pesar de no ser
firmante del Estatuto, Estados Unidos apoyó el proyecto de resolución
franco-británico «[Réunion du Conseil de sécurité sur le Proche-Orient
(vetos)->article184075.html]», Réseau Voltaire, 22 de mayo
de 2014.
[4] Africa and
the International Criminal Court, Gerhard Werle, Lovell Fernandez, Moritz
Vormbaum, T.M.C. Asser Press (2014). The International Criminal Court
at the Mercy of Powerful States. An Assessment of the Neo-Colonialism Claim
Made by African Stakehold, Res Schuerch, T.M.C. Asser Press (2017).
[5] «Luis Moreno-Ocampo, pourfendeur du mal épris de lumière», Angélique Mounier-Kuhn, Le Temps, 29
de junio de 2011.
[6] «Les Secrets de la Cour: Dossiers manipulés, comptes
offshore, conflits d’intérêts...: 40 000 documents confidentiels
dévoilent les dessous de la CPI», [en
español, “Los secretos de la Corte: Expedientes manipulados, cuentas
offshore, conflictos de intereses…: 40 000 documentos confidenciales
revelan los secretos de la CPI], Fabrice Arfi y Stéphanie Maupas, Médiapart,
29 de septiembre de 2017.
[7] «CPI: Luis Moreno Ocampo, l’accusateur accusé», Damien Glez, Jeune Afrique, 4
de octubre de 2017.
[9] «Revelaciones
sobre el asesinato de Rafik Hariri», por
Thierry Meyssan, Оdnako (Rusia), Red Voltaire,
29 de noviembre de 2010.
[10] A Report into the
credibility of certain evidence with regard to Torture and Execution of
Persons Incarcerated by the current Syrian regime, Carter-Ruck, 20 de
enero de 2014
[11] La DIA es la
agencia de inteligencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Nota de la Red Voltaire.
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