La
Fundación Rockefeller, históricamente vinculada al Estado federal
estadounidense, acaba de presentar un plan nacional para controlar la epidemia
de coronavirus. Propone aplicar análisis de búsqueda del virus a
30 millones de personas cada día. El Estado correría con los gastos
y los estadounidenses serían sometidos a un estricto control militar.
La Fundación Rockefeller tiene como
presidente al doctor Rajiv Shah, un alto funcionario estadounidense
especializado en la manipulación de “ayudas humanitarias” como instrumentos de
presión política. El doctor Rajiv Shah fue director del programa
ecologista de la Fundacion Bill y Melinda Gates en África, antes de que
Hillary Clinton lo pusiera a la cabeza de la Agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Parece ser
miembro del grupo de plegaria conocido como The Fellowship, que sirve de
pretexto para que Hillary Clinton se reúna frecuentemente con los jefes
del estado mayor estadounidense en un lugar cercano
al Pentágono.
La
Fundación Rockefeller ha presentado un Plan de Acción Nacional para el Control
del Covid-19, que propone una serie de «pasos pragmáticos para reabrir
nuestros centros de trabajo y nuestras comunidades».
Ese
plan, a pesar de su título, no plantea simplemente medidas sanitarias. Varias
de las más prestigiosas universidades –como Harvard, Yale y Johns Hopkins–
participaron en su elaboración y es el preludio de un verdadero modelo social
jerarquizado y militarizado. En la cumbre… el «Consejo de Control de la
Pandemia, análogo al Consejo de Producción de Guerra que Estados Unidos creó
durante la Segunda Guerra Mundial».
En ese
Consejo figurarían «líderes del mundo de los negocios, del gobierno y del mundo
universitario», en ese mismo orden de importancia y poniendo en primera fila
no a los representantes del gobierno sino a los representantes del mundo de la
finanza y de la economía.
Ese
consejo supremo tendría el poder de decidir qué se produce y qué servicios se
prestan, gozando de una autoridad similar a la que se confiere en tiempo de
guerra al presidente de Estados Unidos en la actual Ley para la Producción de
la Defensa. El Plan propuesto prevé que deben realizarse tests de verificación
del Covid-19 a 3 millones de estadounidenses cada semana pero que la cantidad
de estadounidenses verificados semanalmente debe elevarse a 30 millones en 6
meses. El objetivo sería alcanzar en un año la capacidad necesaria para
realizar ese test de verificación a 30 millones de personas al día.
Según
el Plan, cada persona sometida al test recibiría «un reembolso adecuado a un
precio de mercado de 100 dólares». Lo cual significa que se invertirían, en
dinero proveniente de los fondos públicos, «miles de millones de dólares cada
mes».
La
Fundación Rockefeller y sus socios financieros contribuirían a la creación de
una red encargada de proporcionar garantías de crédito y de garantizar la
firma de contratos con los proveedores, o sea con las grandes empresas
productoras de medicamentos y de equipamiento médico. Según el Plan, el
«Consejo de Control de la Pandemia» estaría además autorizado a crear un
«Cuerpo de Respuesta a la Pandemia», o sea una fuerza especial que no por
casualidad el Plan denomina «Cuerpo» –en inglés Corp–, como el Marine Corp o
«Cuerpo de Marines». Ese «Cuerpo» contaría de 100 000 a 300 000 miembros
reclutados entre los miembros de los actuales Peace Corps (los Cuerpos de Paz)
y los AmeriCorps, creados por el gobierno de Estados Unidos para, oficialmente,
«ayudar a los países en vías de desarrollo», así como entre los militares de
la Guardia Nacional.
Los
miembros del «Cuerpo de Respuesta a la Pandemia» recibirían un salario promedio
bruto de 40 000 dólares anuales, para lo cual se prevé un gasto público de 4
000 a 12 000 millones de dolaras. El «Cuerpo de Respuesta a la Pandemia»
tendría como principal tarea garantizar el control de la población mediante
técnicas de tipo militar, utilizando sistemas de seguimiento e identificación,
en los centros de trabajo y de estudios, en los barrios de viviendas, en los
locales públicos y durante los desplazamientos de las personas. La Fundación
Rockefeller recuerda que Apple, Google y Facebook ya disponen de sistemas que
permiten realizar ese tipo de trabajo.
Según
el Plan, las informaciones sobre cada individuo, su estado de salud y sus
actividades serían confidenciales… «en la medida de lo posible». Pero se
guardarían en una plataforma digital centralizada cuya gestión conjuntamente
estaría en manos del Estado federal y de ciertas empresas privadas.
Los
datos proporcionados por el «Consejo de Control de la Pandemia» serían
utilizados para decidir periódicamente qué zonas serían sometidas a medidas de
confinamiento y por cuánto tiempo.
Esto
es, a grandes rasgos, lo que plantea el Plan que la Fundación Rockefeller
pretende instaurar en Estados Unidos, así como en otras tierras. Su
aplicación, aunque fuese sólo parcial, daría lugar a una concentración del
poder económico y político en las manos de élites aún más restringidas que
hoy, en detrimento de una creciente mayoría que se vería privada de sus
derechos democráticos fundamentales.
Y toda
esa operación se desarrolla invocando la necesidad de «controlar el Covid-19»,
cuya tasa de mortalidad –según los datos oficiales– se sitúa hasta ahora por
debajo de un 0,03% de la población estadounidense. El Plan de la Fundación
Rockefeller utiliza el virus como un arma, de una manera aún más peligrosa que
el riesgo que el Covid-19 puede representar para la salud humana.
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