¿Es la
Rusia de Vladimir Putin un país donde, como en el Far West, el Poder puede
despojar de su fortuna a un millonario, como en tiempos de Boris Yeltsin? ¿Se
inmiscuye Rusia en las elecciones estadounidenses? Según la clase dirigente de
Estados Unidos, no hay lugar a dudas sobre la respuesta a esas preguntas. Sin
embargo, bastó que el presidente Putin propusiera una investigación conjunta
ruso-estadounidense para que una ola de pánico recorriera Washington.
l 16
de noviembre de 2009, el especialista en cuestiones fiscales Serguei Magnitsky
fallece en la prisión moscovita Matroskaya Tichina. La prensa estadounidense
asegura de inmediato que Magnitsky tenía información sobre un escándalo que
podía afectar al Estado ruso y que murió bajo las torturas del «régimen».
La
Magnitsky Act
El
fallecimiento de Magnitsky pone fin a los procedimientos legales que el
ministerio ruso de Justicia había emprendido contra él. El millonario William
“Bill” Browder declara en Washington que el especialista en impuestos podía
demostrar que el Poder ruso le había robado 3 000 millones de dólares. A pesar
de la labor de cabildeo del banco Goldman Sachs, el Congreso de Estados Unidos,
que cree haber aclarado el asunto, adopta en 2012 una ley, la Magnitsky Act,
que sanciona a las personalidades rusas sospechosas de haber asesinado a
Magnitsky. Goldman Sachs, que no cree en las informaciones de los congresistas,
había contratado la oficina de cabildeo Duberstein Group para tratar de
oponerse a la adopción de esa ley [1].
En
2016, el Congreso de Estados Unidos extiende la aplicación de la Magnitsky Act
al mundo entero, exhortando al presidente a imponer sanciones contra toda
persona o Estado que viole la propiedad individual. Los presidentes Barack
Obama y Donald Trump se someten a ese llamado, incluyendo en la lista de
sancionados a una veintena de personas, entre ellas al presidente de la
República de Chechenia, Ramzan Kadyrov.
Estados
Unidos apunta así a recuperar el papel de defensor de la propiedad individual
que se había arrogado en tiempos de la guerra fría, pero ahora lo hace sin
hallarse frente a un rival comunista.
Las
dos versiones sobre el «Caso Magnitsky»
La
Duma rusa, por su parte, responde al Congreso de Estados Unidos prohibiendo la
adopción de niños rusos por parte de familias estadounidenses y denunciando la
responsabilidad de personalidades estadounidenses en la legalización de la
tortura (Esa ley rusa lleva el nombre de Dima Yakovlev, el niño ruso que murió
por negligencia de sus padres adoptivos estadounidenses). En 2013, el
presidente Putin pone en vigor ese texto que prohíbe, por ejemplo, la entrada
del ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney a la Federación Rusa.
El
«Caso Magnitsky» habría podido terminar ahí. Parece, por demás, no tener
vínculos con el «Caso Jodorkovsky», utilizado por la OTAN para acusar a Rusia
de injerencia en las democracias occidentales a través de la desinformación
(las «fake news») [2]. Sin embargo, el fiscal general de la Federación Rusa
contradice la narración que William “Bill” Browder presentó al Congreso
estadounidense.
Según
William “Bill” Browder, su firma, Hermitage Capital, invirtió en Rusia –por
ejemplo, en Gazprom–, descubrió varias malversaciones y trató de avisar al
Kremlin. Pero le anularon su permiso de estancia en Rusia. Después, un
funcionario de la Brigada Financiera del ministerio ruso del Interior, el
teniente coronel Artem Kuznetsov, le robó sus empresas rusas. Durante un
registro, ese teniente coronel ruso supuestamente se apoderó de los documentos
que acreditaban a Browder como propietario de sus empresas y los utilizó para ponerlas
a nombre de un nuevo propietario, sigue afirmando Browder y agrega que
Magnitsky, quien descubrió todo, fue arrestado, torturado y asesinado en la
cárcel.
En
definitiva, según Browder, el teniente coronel Artem Kuznetsov y el «padrino»
Dimitri Klyuev lograron depositar en un banco chipriota los 3 000 millones de
dólares que le robaron a él. Se trataría de un caso clásico de estafa por parte
de una mafia rusa y con ayuda del Kremlin [3].
Esta
narración de Browder sirvió de inspiración a la temporada 7 de la serie
televisiva Homeland, de Showtime.
Pero
el fiscal general de la Federación Rusa, Yuri Chaika, señala que William “Bill”
Browder adquirió ilegalmente 133 millones de acciones de Gazprom, por cuenta de
los hermanos Ziff y a través de varios testaferros. O sea, Browder no sólo
defraudó el fisco ruso por 150 millones de dólares de impuestos que nunca pagó
sino que además adquirió ilegalmente parte de una joya de la economía rusa. Por
otra parte, su consejero fiscal, Serguei Magnitsky, quien había montado otra
estafa por cuenta del mismo Browder, fue arrestado y falleció en la cárcel de
una crisis cardiaca [4].
Por
supuesto, es imposible distinguir entre lo cierto y lo falso que puede haber en
las dos versiones. Pero está demostrado que Serguei Magnitsky no era un abogado
común y corriente sino un jurista especializado en impuestos y empleado de las
empresas de William “Bill” Browder. Magnitsky no investigaba sobre
malversaciones de fondos sino que se dedicaba, por orden de Browder, a crear
estructuras financieras que permitían a su patrón evadir el pago de impuestos
en Rusia. Browder y Magnitsky se las arreglaron, por ejemplo, para pagar a
personas con limitaciones mentales para utilizarlas como testaferros,
aprovechando el hecho que en Rusia las personas con problemas mentales están
exentas del pago de impuestos. Browder siempre practicó la evasión fiscal. Por
esa razón vivió 10 años en Rusia con simples visas de turismo y posteriormente
abandonó su ciudadanía estadounidense y adquirió la británica.
Estos
elementos incriminan a Browder y son compatibles con las acusaciones del fiscal
Chaika. Así que parece como mínimo imprudente que el Congreso estadounidense
adoptara la Magnitsky Act. Claro, a no ser que el objetivo no fuese
precisamente la defensa de la propiedad individual sino que estuviera dirigida
más bien contra Rusia [5].
Un
líder ruso de oposición remunerado por Browder
Junto
a la National Endowment for Democracy (NED), Browder financia generosamente los
actos de un joven jurista ruso, Alexei Navalny. Gracias al embajador
estadounidense Michael McFaul, el joven Alexei Navalny estudió en la
universidad estadounidense de Yale, en 2010, y creó una Fundación
Anticorrupción para promover la versión de Browder y denigrar la administración
de Putin.
Ya
convertido en un líder de la oposición política, Navalny realiza con su
Fundación un primer documental donde acusa de corrupción a la familia del
fiscal Chaika. Aunque el video parece, a primera vista, convincente, lo cierto
es que no aporta ninguna prueba de lo que relata.
Al
mismo tiempo, Navalny encarga a un periodista ruso de oposición la realización
de un segundo documental sobre el «Caso Magnitsky». Pero, ante los hechos que
descubre durante su investigación, ese periodista acaba realizando un
documental que contradice el pedido de Navalny, documental finalmente
transmitido por la televisión pública rusa.
Un ex
agente británico y un ex embajador estadounidense a sueldo de Browder
Posteriormente,
William “Bill” Browder contrata a Christopher Steele, quien había sido agente
del MI6 en Moscú de 1990 a 1993, y al ex embajador de Estados Unidos en Moscú,
de 2012 a 2014, Michael McFaul.
Fue
precisamente Christopher Steele quien –siendo agente del MI6– acusó en 2006 al
presidente Vladimir Putin de haber ordenado el envenenamiento de Alexander
Litvinenko. En 2016, Steele también trabajó –ya a título personal– para el
Partido Demócrata estadounidense redactando el famoso expediente donde acusaba
al candidato Donald Trump de ser objeto de un chantaje de los servicios
secretos rusos [6], acusación gratuita que acaba de salir nuevamente a flote a
raiz de la cumbre ruso-estadounidense de Helsinki. Ahora, en 2018, Steele
reaparece otra vez, esta vez como «consultante» del MI6, a raiz del
envenenamiento de Serguei Skripal, acusando, como siempre, al inevitable
Vladimir Putin.
La
respuesta rusa
Durante
la campaña presidencial estadounidense de 2016, el fiscal general de Rusia,
Yuri Chaika, trata de convencer a Dana Rohrabacher, representante republicano
por California en el Congreso de Estados Unidos, abierto a las explicaciones
rusas, y le hace llegar una nota con su versión del caso Browder-Magnitsky. Más
tarde, la abogada rusa Natalia Veselnitskaya se reúne en la Trump Tower con el
hijo y el yerno del candidato Donald Trump para informarles que parte del
dinero sucio de Browder está sirviendo para financiar la candidatura de Hillary
Clinton [7].
Browder
se convertirá después en la principal fuente de la investigación sobre la
supuesta injerencia rusa contra la «democracia estadounidense», investigación
conducida por el fiscal especial Robert Mueller. Mucho antes de ser director
del FBI, Mueller –quien no tiene oficialmente ninguna relación con la CIA–
estuvo a cargo de la investigación sobre el atentado de Lockerbie, que atribuyó
a Muammar el-Kadhafi. Recordemos que, aunque aceptó indemnizar a las víctimas,
Libia nunca reconoció haber realizado el atentado. Lo más importante es que la
justicia escocesa comprobó que los fragmentos de detonadores hallados en el
lugar de los hechos habían sido “plantados” allí por la CIA, para hacer recaer
la responsabilidad sobre Libia. En su actual investigación, Mueller utilizó el
encuentro del equipo de Trump con Natalia Veselnitskaya como «prueba» de la
subordinación de Donald Trump a los servicios de inteligencia rusos.
Natalia
Veselnitskaya representa en Estados Unidos los intereses de varias víctimas de
Browder en Rusia y ya había intervenido en 2014 por cuenta de una de las
empresas que Browder acusa de estar vinculadas al «padrino» Dimitri Klyuev. La
abogada rusa llamó entonces la atención sobre el hecho que un agente del
Departamento de Seguridad de la Patria (Homeland Security), Todd Hyman, había
transmitido un elemento vinculado a una investigación sin proceder a las
verificaciones usuales.
No
habrá «momento de la verdad»
En la
cumbre ruso-estadounidense de Helsinki, el presidente ruso Vladimir Putin
propuso a su homólogo estadounidense Donald Trump permitir que los
investigadores estadounidenses interrogaran en Rusia a los funcionarios rusos
sospechosos de injerencia en la campaña presidencial estadounidense y, a
cambio, que investigadores rusos pudieran también interrogar sospechosos en
Estados Unidos. En Helsinki, Donald Trump dejó su respuesta en suspenso.
Pero
cuando la oficina del fiscal Yuri Chaika envió la lista de personas que los
investigadores rusos querían interrogar, cundió el pánico en Washington. Los
rusos no sólo solicitan interrogar a los británicos William “Bill” Browder y
Christopher Steele, si esos personajes viajan a Estados Unidos, sino también al
embajador Michael McFaul, el abogado Jonathan Winer, el investigador David J.
Kramer y, para terminar, al agente Todd Hyman.
Jonathan
Winer estuvo a cargo del expediente de Lockerbie en el Departamento de Estado
en los años 1990. Es amigo personal de Christopher Steele, cuyos informes
transmitió a lo largo de una década a los neoconservadores [8].
Durante
el primer mandato de George Bush hijo, David J. Kramer desempeñó un importante
papel en el Departamento de Estado y ante agentes stay-behind en el este de
Europa y en Rusia. Luego de haber trabajado en varios think tanks, fue
presidente de Freedom House e hizo campaña sobre el «Caso Magnitsky».
Actualmente es investigador en el instituto del senador John McCain.
Si
bien nada hasta ahora nada permitía pronunciarse con certeza sobre las
versiones respectivas de Browder y de Chaika, la verdad no tardará en salir a
la luz. Es posible que la «injerencia rusa» sea sólo una intoxicación y que la
injerencia estadounidense –tanto mediante la intervención en el sector más
importante de la economía rusa como a través de Alexei Navalny– acabe
resultando realidad.
En el
contexto de la unanimidad reinante en Washington contra Rusia, el presidente
Trump ha declinado la proposición de investigación cruzada de Vladimir Putin.
Thierry Meyssan
[1] “Bank of Putin. Goldman Sachs lobbying against human rights legislation”,
Adam Kredo, Free Beacon, 19 de julio de 2012.
[2]
«La campaña de
la OTAN contra la libertad de expresión», por Thierry
Meyssan, Red Voltaire, 5 de diciembre de 2016.
[3] “Foreigner’s Investment in Russia Is Derailed by Kremlin’s
Might”, Clifford J. Levy, The
New York Times, 24 de julio de 2008.
[5]
«¿Es intocable
Míster Browder?», por Israel Shamir, Entre la plume et
l’enclume (Francia), The Unz Review (Estados Unidos), Red Voltaire,
23 de junio de 2016.
[7] “Natalia Veselnitskaya Memo on the William Browder & Sergei
MagnitskyCase”, por Natalia Veselnitskaya, Voltaire
Network, 1º de junio de 2016.
[8] “Devin Nunes is investigating me. Here’s the truth”,
Jonathan Winer, The Washington Post, 8 de febrero de 2018.
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