En
caso de catástrofe sanitaria, el plan de “Continuidad del Gobierno”
convertiría al general O’Shaughnessy en el próximo dictador de Estados Unidos
–en el sentido que ese término tenía en la Antigüedad.
Mientras
la opinión pública se mantiene pendiente de las cifras de progresión del
coronavirus, los poderes ejecutivos sufren una profunda reorganización en la
que los altos funcionarios de la salud prevalecen momentáneamente sobre los
políticos. Pero, en la sombra, banqueros y militares se preparan en espera de
su turno para confiscar el poder.
El 1º de febrero, el secretario de
Defensa estadounidense, Mark Esper, instruyó al general Terrence J.
O’Shaughnessy el inicio de una serie de preparativos. El 13 de
febrero, el general declaraba ante la Comisión del Senado para las
fuerzas armadas que se han iniciado preparativos para el peor escenario
posible. En caso de catástrofe sanitaria, el plan de “Continuidad
del Gobierno” convertiría al general O’Shaughnessy en el próximo dictador de
Estados Unidos –en el sentido que ese término tenía en
la Antigüedad.
Supremacía de la lógica administrativa sobre la lógica política
Numerosos
gobiernos de los países industrializados han respondido a la epidemia de
Covid-19 decretando el confinamiento de la población. Esa estrategia
no tiene nada que ver con la medicina, que nunca practicó el
aislamiento de las personas sanas. Se trata en realidad de
administrar los medios médicos para evitar un flujo masivo de enfermos que
desbordaría los hospitales. Son pocos los países industrializados que,
como Suecia, han rechazado esa visión administrativa ante la epidemia.
Esos países han optado por una acción de carácter médico y
no practican el confinamiento generalizado.
La
primera enseñanza que nos deja lo que está sucediendo es,
por consiguiente, que en los países desarrollados la lógica
administrativa prevalece sobre la experiencia médica.
Sin
embargo, aun careciendo de competencias médicas, no dudo que milenios de
experiencia médica y sanitaria tienen que ser más eficaces contra una
enfermedad que las “recetas” burocráticas.
En
todo caso, la observación del fenómeno actual permite comprobar que Suecia
cuenta sólo 10 muertos por millón de habitantes mientras que Italia
ya registra 166 fallecidos por cada millón de habitantes.
Por supuesto, esto es sólo el principio de la epidemia y
se trata de dos países muy diferentes. Pero es probable que
Italia tenga que enfrentar una segunda oleada de contaminación y también una
tercera mientras que Suecia ya habrá adquirido un nivel de inmunización
colectiva y estará protegida.
Supremacía de los altos funcionarios de la salud sobre los
responsables electos por el pueblo
Después
de haber señalado lo anterior, hay que resaltar que el confinamiento
generalizado de la población sana perturba, además de la economía,
los modos de gobierno. En casi todos los países estamos viendo la
palabra de los políticos quedar en segundo plano ante la palabra de
los altos funcionarios del sector de la salud, que lógicamente deben ser
más eficaces. Y esto es lógico dado el hecho que la decisión de
confinamiento es puramente administrativa. Se ha aceptado colectivamente
luchar por los hospitales y tratar de protegernos de la enfermedad,
en vez de combatirla.
Por
desgracia, cualquiera podrá comprobar que, a pesar de las apariencias,
no se ha ganado en eficacia. Por ejemplo, los países
miembros de la Unión Europea han sido incapaces de proporcionar el
equipamiento médico y las medicinas que se necesitan en el momento
oportuno. El problema viene de las reglas habituales.
Basta
señalar que la globalización económica ha llevado a que quede un solo
fabricante de respiradores artificiales… y a que ese fabricante sea
chino. Los procedimientos de licitación imponen un plazo de varios meses
antes de lograr disponer de ese “producto” y los políticos no están para
saltarse esos procedimientos. Estados Unidos ha tenido que
intervenir empresas para resolver ese problema.
Francia,
país que durante la Segunda Guerra Mundial vivió bajo una dictadura
administrativa, encabezada por Philippe Petain bajo la denominación de «Estado
Francés», ya ha vivido también cuatro décadas de confiscación del poder
político por parte de los altos funcionarios, lo que
los franceses han llamado la «ENArquía» [1]. Pero
ese sistema ha privado a los políticos del conocimiento en materia
de administración que antes obtenían al ejercer diferentes mandatos
locales y regionales, antes de llegar al nivel nacional. Actualmente,
los responsables que ocupan cargos electivos disponen de menos
información que los altos funcionarios y enfrentan grandes dificultades
para controlar los actos de estos últimos.
En las
actuales circunstancias de la crisis del coronavirus, los altos funcionarios
del sector de la salud se ven investidos abruptamente de una autoridad
que normalmente no tienen. Ante eso, banqueros y militares aspiran
ahora a una promoción similar, en detrimento de los políticos.
Los banqueros,
a la espera de su oportunidad
a la espera de su oportunidad
En
Reino Unido, Gordon Brown, ex ministro de Finanzas y posteriormente
primer ministro británico, acaba de publicar en el Financial
Times un texto donde propone utilizar el miedo al Covid-19 para
hacer lo que no se logró concretar durante la crisis financiera
de 2008 [2]. En aquella
época Gordon Brown no logró crear un gobierno financiero mundial y tuvo
que conformarse con una simple concertación en el G20. Ahora, afirma
Gordon Brown, sería posible instaurar un gobierno mundial de la salud y
determinar qué potencias podrían asociarse a los miembros permanentes del
Consejo de Seguridad de la ONU.
Nada
permite creer que tal gobierno mundial haría las cosas mejor que los gobiernos
nacionales. Lo que que sí es seguro es que esa entelequia
escaparía a toda forma de control democrático.
Ese
proyecto no tiene más posibilidades de llegar a concretarse que
el proyecto de gobierno financiero mundial. Gordon Brown era también un
acérrimo defensor del mantenimiento del Reino Unido dentro de la Unión
Europea, apuesta que también perdió.
El
Estado Profundo estadounidense, agazapado en la sombra
A
través de la historia, las crisis siempre han servido de pretexto a
quienes tratan de explotar el argumento de la «urgencia» para modificar
el poder sin que la opinión pública tenga tiempo de reflexionar. Esa
coartada ha funcionado a menudo .
El 30
de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el «estado
de emergencia internacional en materia de salud pública». Al día
siguiente, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper,
firmaba en secreto una Warning Order (Orden
de Alerta) según la cual el NorthCom debe estar listo para la
posible aplicación de las nuevas reglas del plan de «Continuidad del
Gobierno».
Esas
nuevas reglas son Above-Top Secret, lo cual significa que la
comunicación sobre las acciones se restringe aún más que
de costumbre y se pone en conocimiento únicamente de las personas
que disponen del más alto nivel de habilitación y que cuentan además con
un acceso nominativo especial en el marco del Special Access Program.
Vale
recordar que el principio de la «Continuidad del Gobierno»
se instauró al inicio de la guerra fría. Se trataba de proteger
la administración de Estados Unidos en una situación de guerra nuclear
contra la Unión Soviética o ante la muerte u otro impedimento de los
principales responsables del país: el presidente de Estados Unidos,
su vicepresidente y el presidente de la Cámara de Representantes.
En virtud de una directiva escrita del presidente Dwight Eisenhower, ante
tales circunstancias un gobierno militar tendría que asumir inmediatamente la
continuidad del mando hasta un ulterior restablecimiento de los
procedimientos democráticos [3].
Esa
directiva fue invocada y esa forma de gobierno fue implantada el 11 de
septiembre de 2001 por el entonces coordinador nacional de la lucha
contra el terrorismo, Richard Clarke [4]. Sin embargo,
aunque el país vivió ese día una situación de emergencia,
ni el presidente de Estados Unidos,
ni su vicepresidente, ni el presidente del Congreso habían
muerto, como tampoco estaban en la imposibilidad de ejercer sus funciones
respectivas, lo cual me lleva a la conclusión de que el 11 de
septiembre de 2001 Estados Unidos vivió un golpe de Estado.
El entonces presidente, George W. Bush, no recuperó sus
prerrogativas hasta la noche de aquel día y nunca se aclaró
qué pasó en la decena de horas durante las cuales
su autoridad quedó suspendida [5].
Según
explica en Newsweek William Arkin, considerado el mejor especialista
en temas del Pentágono, actualmente existen 7 planes diferentes [6]:
el Rescue & Evacuation of the
Occupants of the Executive Mansion (RESEM), para garantizar la
protección del presidente, del vicepresidente y de
sus familias;
el Joint Emergency Evacuation Plan (JEEP),
para garantizar la protección del secretario de Defensa y de los
principales jefes militares;
el Atlas Plan, para garantizar la
protección de los miembros del Congreso y de la Corte Suprema;
Octagon, plan con objetivos totalmente
desconocidos;
Freejack, también desconocido;
Zodiac, igualmente desconocido;
Granite Shadow, plan que prevé el
despliegue de unidades especiales en Washington, establece las
condiciones para el uso de la fuerza y para poner el territorio bajo la
autoridad de los militares [7].
el Rescue & Evacuation of the
Occupants of the Executive Mansion (RESEM), para garantizar la
protección del presidente, del vicepresidente y de
sus familias; el Joint Emergency Evacuation Plan (JEEP),
para garantizar la protección del secretario de Defensa y de los
principales jefes militares; el Atlas Plan, para garantizar la
protección de los miembros del Congreso y de la Corte Suprema; Octagon, plan con objetivos totalmente
desconocidos; Freejack, también desconocido; Zodiac, igualmente desconocido; Granite Shadow, plan que prevé el
despliegue de unidades especiales en Washington, establece las
condiciones para el uso de la fuerza y para poner el territorio bajo la
autoridad de los militares [7].
Es
importante observar que existe una contradicción entre el supuesto objetivo del
RESEM –garantizar la protección del presidente y del vicepresidente– y
el hecho que ese plan se aplicaría sólo en caso de muerte o
de impedimento de esos responsables.
En
todo caso, la aplicación de estos 7 planes estaría en manos del
Mando Militar de Estados Unidos para América del Norte
(NorthCom), encabezado por un ilustre desconocido, el general Terrence J.
O’Shaughnessy.
O sea,
en virtud del derecho estadounidense, este general se convertiría en
dictador de Estados Unidos sólo en caso de muerte o de impedimento
de los 3 principales responsables electos del Estado federal –el
presidente de Estados Unidos, su vicepresidente y el presidente
de la Cámara de Representantes– pero en la práctica su predecesor,
el general Ralph Eberhart, ya fungió como tal a pesar
de que esos 3 responsables no estaban muertos ni impedidos
de realizar sus funciones. A los 73 años, el ahora
retirado general Ralph Eberhart dirige actualmente las principales empresas
que proveen la aviónica militar en Estados Unidos.
El 13
de febrero, el general O’Shaughnessy afirmó ante la Comisión del Senado
a cargo de las fuerzas armadas que el NorthCom estaba preparándose para
lo peor. En el marco de esos preparativos, el general O’Shaughnessy
se comunica diariamente con los otros 10 mandos centrales de
las fuerzas de Estados Unidos en todas las regiones del mundo [8].
También
es importante recordar aquí que, además del territorio de Estados Unidos,
la «zona de responsabilidad» del NorthCom abarca también Canadá, México
y Bahamas. En virtud de varios acuerdos, el NorthCom puede, por
iniciativa propia, ordenar el despliegue de tropas estadounidenses en esos
tres países.
En
2016, el entonces presidente de Estados Unidos Barack Obama firmó la orden
secreta denominada Presidential Policy Directive 40 sobre
la National Continuity Policy, o sea la «Política de
Continuidad Nacional». Sólo 2 días antes de que el presidente
Donald Trump asumiera sus funciones en la Casa Blanca, el entonces
administrador de la FEMA –la agencia federal a cargo de las
situación de urgencia–, Craig Fugate, firmó la Federal Continuity
Directive 1 (Directiva Número 1 de Continuidad Federal),
que precisa ciertos aspectos de la aplicación de ese procedimiento en niveles
inferiores.
Todo
está previsto en función de «lo peor». La epidemia proporciona
el pretexto para actuar. En ese contexto, las preguntas
planteadas recientemente por el vocero del ministerio chino
de Exteriores [9] sobre la
posibilidad de que los militares estadounidenses hayan diseminado
deliberadamente el nuevo coronavirus, adquieren el mayor sentido y cobran
nueva vigencia.
……………………………………………………………………………….....
[1] Las siglas ENA
denominan en Francia la Escuela Nacional de Administración, entidad
elitista que forma los más altos funcionarios de la República Francesa. Nota
de la Red Voltaire.
[2] “End the dog-eat-dog
mentality to tackle the crisis”, Gordon Brown, Financial Times (Reino Unido), Voltaire
Network, 26 de marzo de 2020.
[3] Continuity
of Government: Current Federal Arrangements and the Future, Harold C.
Relyea, Congresionnal Research Service, 5 de agosto de 2005.
[5] A Pretext
for War: 9/11, Iraq, and the Abuse of America’s Intelligence Agencies,
James Bamfort, Anchor Books, 2005.
[6] “Exclusive: Inside The Military’s Top Secret Plans If
Coronavirus Cripples the Government”,
William M. Arkin, Newsweek, 18 de marzo de 2020.
[7] “Top Secret
Pentagon Operation “Granite Shadow” revealed. Today in DC: Commandos in
the Streets?”, William Arkin, Washington Post, 25 de septiembre
de 2005.
[8] Hearing to
receive testimony on United States Northern Command and
United States Strategic Command in review of the Defense
Authorization Request for fiscal year 2021 and the future years Defense
Program, Senate Committe on Armed Service, 13 de febrero de 2020.
[9] «Propaganda
y preguntas sin respuesta sobre el origen del Covid-19», Red Voltaire, 25 de marzo de 2020.
Intelectual francés, presidente-fundador de la Red
Voltaire y de la conferencia Axis for Peace. Sus análisis sobre política
exterior se publican en la prensa árabe, latinoamericana y rusa. Última obra
publicada en español: De la impostura del 11 de septiembre a
Donald Trump. Ante nuestros ojos la gran farsa de las "primaveras
árabes" (2017).
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