Memorándum
sobre Libia – Mentiras contra el Estado, el Guía y el ejército
Desde
que la OTAN falsificó deliberadamente el expediente libio para arrogarse el
derecho de destruir Libia y asesinó a su Guía para sumirla en el caos, Saif
al-Islam Kadhafi es la única personalidad capaz de unir rápidamente las
diferentes tribus. Después de su reciente liberación, Saif al-Islam redactó
este memorándum donde hace un balance de la situación jurídica de su país.
El
objetivo de este memorándum es pasar revista a todo lo que el pueblo libio ha
sufrido durante los últimos 6 años. Estos crímenes fueron cometidos en nombre
del intervencionismo humanitario, de la protección de los civiles, de la
introducción de la democracia y de la prosperidad. Las fuerzas de la OTAN, con
ayuda de varios Estados árabes y de algunos libios, atacaron Libia con todos
los medios a su disposición. Las justificaciones presentadas eran tan falsas
como los pretextos para la invasión contra Irak en 2003. Fue la destrucción
sistemática de un país soberano y de una nación pacífica. Esta nota trata de
presentar esos crímenes a la comunidad internacional, a las organizaciones de
defensa de los derechos humanos y a las ONGs para que apoyen a Libia y a su
pueblo en sus innumerables esfuerzos por reconstruir este pequeño país.
Libia en la encrucijada: al principio
La
agonía de Libia comenzó el 15 de febrero de 2011, cuando cierto número de
ciudadanos se reunieron en calma para protestar contra el incidente ocurrido en
la cárcel de Abu Salim. La manifestación fue rápidamente manipulada por
elementos de grupos yihadistas, como el Grupo Islámico Combatiente Libio
(GICL). Esos elementos atacaron puestos de la policía y cuarteles del ejército
en Derna, Benghazi, Misurata y Al-Zawiya para robar el armamento y utilizarlo
en su guerra planificada contra el pueblo libio y su legítimo gobierno. Esas
acciones gozaron de acompañamiento de la máquina de propaganda de las
televisoras Al-Jazeera, Al-Arabiya, BBC y France24, entre otras que exhortaban
al pueblo libio a enfrentarse a la policía, que trataba de proteger los
edificios gubernamentales y la propiedad privada ante los ataques y saqueos.
Escenas
de horror pudieron verse en las calles y en edificios de las fuerzas de
seguridad, donde los manifestantes cometieron crímenes indescriptibles contra
la humanidad. Miembros de las fuerzas de seguridad, militares y policías fueron
degollados, se les extrajo el corazón y sus cuerpos fueron cortados en pedazos
en una exhibición de brutalidad y salvajismo.
Por
ejemplo, en el primer día de incidentes, el 16 de febrero de 2011, en la ciudad
de Misurata, manifestantes supuestamente pacíficos mataron a un hombre, Musa
Al-Ahdab, y quemaron su cuerpo. El mismo día, en Benghazi, un oficial de la
policía fue asesinado y desmembrado [1]. Esos actos de barbarie fueron
perpetrados por personas armadas que utilizaron tanques, ametralladoras y
ametralladoras antiaéreas en las ciudades de Misurata, Benghazi y Al-Zawiya
[2]. Esas escenas están bien documentadas y pueden verse en YouTube [3] así
como en las redes sociales.
O sea,
hubo decenas de víctimas, contrariamente a los reportes sesgados de los medios.
Según Al-Jazeera, Al-Arabiya y los grupos de oposición libios, a finales de
2011 el número de muertos se elevaba a 50 000. Sin embargo, en 2012, el
gobierno de Abdel Rahim al-Kib anunció que la cantidad de víctimas registradas
entre el 17 de febrero de 2011 y el fin de la guerra en octubre de 2011 era 4
700 –incluyendo las personas fallecidas de muerte natural [4]. A pesar de la
cantidad muy elevada de víctimas que mencionan las estadísticas, no se
comunican sus nombres ni identidades y ninguna familia ha solicitado
indemnización al gobierno.
La
campaña de propaganda y las mentiras que acompañaban las acusaciones contra los
militares no se limitaban a la exageración del número de víctimas. Incluso
afirmaban que el gobierno utilizaba aviones de guerra contra los civiles, que
ordenaba violaciones masivas de mujeres por parte del ejército y de las fuerzas
de seguridad [5] con uso de Viagra encontrado en los blindados [6], que
utilizaba mercenarios africanos y argelinos y que los pilotos de sus aviones
desertaban hacia Malta [7]. Hasta el día de hoy, no se ha probado ninguna de
esas imputaciones, que no tienen nada que ver con la verdad. Las
investigaciones de la ONU, de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch [8]
no han logrado verificar ni uno de los 8 000 casos de secuestro que la
oposición libia denunció en aquel momento. En realidad, se trata de acusaciones
fabricadas y sin ninguna credibilidad.
Idénticamente,
la acusación de que se usaron aviones de guerra Mirage de la base aérea de
Al-Weathy, en el extremo oeste de Libia, para atacar a los civiles de Benghazi
carece de toda lógica ya que su consumo de carburante impedía a esos aviones
alcanzar esa ciudad y volver a esa base. Es en efecto imposible para ese tipo
de aviones atacar blancos a 1 500 kilómetros de su base y volver sin
reabastecerse y había alrededor de Benghazi bases aéreas que el gobierno libio
hubiese podido utilizar de ser necesario. El Viagra supuestamente hallado en
los tanques es una manipulación similar. Libia disponía de un ejército joven,
profesional y moral, que no pensaba en cometer ese tipo de crímenes ni
necesitaba Viagra para activar su deseo sexual. Esas historias inventadas son
simplemente mentiras comparables a la de los 7 minutos que supuestamente
necesitaban las armas iraquíes de destrucción masiva para acabar con Occidente.
Hoy en día, las mentiras sobre Irak y Libia sólo dan risa a los pueblos de esos
dos países, así como a los de Estados Unidos y Europa (Informe de Amnistía Internacional
[9]).
La Corte Penal Internacional (CPI)
La CPI
(Corte Penal Internacional) [10] emitió en 2011 una orden de arresto contra
Muammar el-Kadhafi, Saif al-Islam Kadhafi [11] y Abdullah Senussi, acusados de
crimen contra la humanidad. A pesar de la gravedad del crimen, la CPI no hizo
ningún tipo de investigación en el terreno sino que elaboró sus conclusiones e
identificó a los autores en sólo 2 semanas, a contar desde el momento en que el
Consejo de Seguridad de la ONU, puso el caso en sus manos. Nunca se presentó el
calendario concedido al fiscal, quien de todas maneras no tenía el tiempo
necesario para precisar las penas a las que se exponían los supuestos
culpables. El coordinador du Consejo Nacional de Transición libio con la CPI,
Ahmed al-Jehani, declaró al respecto que «el caso CPI vs Libia es puramente
político ya que los miembros de la OTAN pidieron al Consejo Nacional de
Transición (CNT) que hiciera él mismo la lista de funcionarios que serían
acusados de crímenes contra la humanidad». El CNT designó a Al-Jehani para
preparar esa lista, con una decena de nombres, pero la CPI aceptó sólo 3.
Al-Jehani agregó además que todas las acusaciones eran fabricadas y reafirmó su
punto de vista durante un encuentro con Saif al-Islam, asegurándole a este último
que la justicia libia no podría declararlo culpable. Al-Jehani agregó que, con
su equipo, él mismo había fabricado todo ese caso porque sabían que era un caso
perdido de antemano y que siguieron adelante para implicar a Saif al-Islam en
escándalos financieros y de corrupción.
Al-Jehani
justificó sus inventos y mentiras afirmando que son [desde el punto de vista
religioso] lícitos durante las guerras (declaración de Al-Jehani documentada el
1º de enero de 2012 y ante el tribunal de Zintan).
La CPI
adoptó un doble rasero sobre la guerra contra Libia y la intervención de la
OTAN. Implicó a personalidades políticas libias en crímenes inventados mientras
que ignoró y no condenó el bárbaro linchamiento perpetrado contra Muammar
el-Kadhafi [12] y contra su hijo Moatassem por las milicias que la OTAN
respaldaba [13]. Después del linchamiento, la única reacción de la CPI fue
abandonar las acciones legales contra Muammar el-Kadhafi. Sin embargo, la CPI
tenía en este último caso [el linchamiento] algo muy sólido ya que los medios
de difusión habían documentado bien el asesinato, la CPI no necesitaba ninguna
prueba adicional para poder llevar los responsables a los tribunales. La CPI
podría fácilmente arrestar a los autores, que desempeñan responsabilidades políticas
y diplomáticas en varias capitales europeas. La CPI asumió una posición similar
contra Abdullah Senussi, después de que el [nuevo] gobierno libio lo
secuestrara en Mauritania [14]. La CPI se limitó a dejar de exigir su
extradición. Ni siquiera dio seguimiento a la violación de los derechos de
Senussi ni al trato inhumano que sufrió en la cárcel de la milicia, a pesar de
que lo habían detenido elementos, bien conocidos como yihadistas, del Grupo
Islámico Combatiente Libio (GICL). El director de la prisión era precisamente
el jefe del GICL, Abdelhakim Belhadj.
La CIA
y los gobiernos occidentales conocen muy bien a Belhadj. La CIA lo arrestó,
después de su fuga de Kandahar, lo interrogó y lo extraditó a Libia en 2002,
acusándolo de terrorismo [15]. En 2009, Belhadj y otros miembros del GICL
fueron liberados en el marco de una amnistía general [16]. La carrera de
Belhadj como terrorista habla por sí sola. En 1994-1997, ordenó masacrar a 225
personas. En 1997, ordenó el asesinato de los turistas alemanes Steven Baker y
su esposa Manuela Spiatzier. A pesar de ello, asumió un puesto de alto rango en
Libia [después del linchamiento de Kadhafi]. Fue ministro de Defensa, responsable
de la seguridad en Trípoli y director general de las cárceles libias, o sea era
directamente responsable de la celda de Abdullah Senussi. A pesar de que se le
informó el historial de Belhadj, la CPI expresó su seguridad de que Senussi
estaba en buenas manos y apoyó su juicio en Libia.
La
OTAN y los Estados del Golfo optaron por ignorar las actividades terroristas de
Belhadj y lo reconocieron como líder político y militar así como hombre de
negocios. Hoy posee el canal de televisión más grande del norte de África, la
mayor compañía aérea de Libia y una fábrica de cemento, tiene propiedades en
España y Turquía y un aeropuerto privado en Trípoli. Ese aeropuerto ha sido
utilizado para enviar terroristas de Libia a Siria. En 2010, esos terroristas
recibieron 160 000 millones de dólares para su financiamiento.
Belhadj
y otros más son responsables del uso indebido de los activos de Libia y de
haber puesto fin al plan de desarrollo de Libia, por un valor de 200 000
millones de dólares, según el Banco Mundial. Belhadj es un ejemplo de la vida
suntuosa de los señores de la guerra, mientras que los libios de a pie se ven
sumidos en una extrema pobreza.
Las violaciones de los derechos humanos por
parte de las milicias
Los
comandantes de las milicias y los señores de la guerra han perpetrado odiosos
crímenes contra la humanidad, han destruido ciudades e infraestructuras
vitales durante los 6 últimos años: personas han sido quemadas,
cocinadas vivas y sometidas a las peores formas de tortura; presos
políticos, agentes de seguridad y soldados [del gobierno anterior] fueron
arrojados en la fundición de Misurata;
sobre todo, las milicias han organizado un tráfico de órganos humanos extraídos a los presos en las cárceles.
En el contexto cada vez más complejo del escenario político libio, Daesh [el Emirato Islámico] agregó nuevas atrocidades, masacrando gente, crucificándola y mutilando sus órganos genitales.
sobre todo, las milicias han organizado un tráfico de órganos humanos extraídos a los presos en las cárceles.
En el contexto cada vez más complejo del escenario político libio, Daesh [el Emirato Islámico] agregó nuevas atrocidades, masacrando gente, crucificándola y mutilando sus órganos genitales.
Una
limpieza racial y étnica sin precedente, un genocidio, se cometió
contra 5 localidades libias y su pueblo. El 55% de los libios
han sido obligados a huir de su país hacia los Estados vecinos. Además, cientos
de casas fueron incendiadas en Bani Walid [17]
y en otras 5 localidades de Warshafana, [18],
la ciudad de Sirte fue arrasada [19],
zonas residenciales pobladas fueron bombardeadas en Benghazi [20]
y en Derna.
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